Con el inicio del ciclo lectivo, la vacunación vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de salud pública.
La evidencia es clara: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inmunización previene entre 3 y 5 millones de muertes cada año en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que los programas nacionales de vacunación son una de las intervenciones más costo-efectivas y equitativas para reducir la morbimortalidad infantil y prevenir brotes.
Coberturas en mínimos históricos
En Argentina, las coberturas están en mínimos históricos en niños y niñas de 5 y 6 años. En 2024, la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas alcanzó solo al 46,7% de la población objetivo, pese a ser obligatoria y requisito para el ingreso escolar.
Los datos oficiales de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) muestran un retroceso sostenido: en 2010, el refuerzo de la Triple Bacteriana tenía una cobertura del 97%; en 2024, descendió al 46,4%.
Responsabilidad del Estado
Las coberturas sostenidas no dependen solo de decisiones individuales: requieren rectoría nacional, financiamiento y planificación.
Encabezar las campañas de vacunación es una responsabilidad inherente al Estado y está establecida por la Ley 27.491, que declara a la vacunación obligatoria, gratuita y de interés nacional, y asigna al Estado la garantía de provisión, financiamiento y acceso equitativo en todo el territorio.